Las recientes reformas legislativas han provocado un cambio radical sobre la atención que las Administraciones Públicas deben dispensar a las personas discapacitadas auditivas o del habla en los puntos y servicios de atención telefónica. Se contemplan medidas de carácter obligatorio que eliminan las barreras de comunicación que pudiesen existir, y que provocan la necesidad de adaptar de forma inminente los sistemas de comunicación telefónica actuales que están diseñados para las personas oyentes, para poder atender al colectivo de personas sordas en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.
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