El legislador ha establecido una regulación sin precedentes sobre adopción de medidas de inclusión social y de acceso a los servicios públicos, teniendo en cuenta que el acceso a la administración pública es un derecho relacionado con la plena participación en la sociedad y con la propia condición de ciudadano/a.
Las administraciones públicas deben implementar aquellos medios de apoyo técnicos y/o tecnológicos que mejoren la calidad de vida y la autonomía de las personas sordas y fomenten su participación e integración en igualdad de oportunidades.
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